Una citación del Departamento de Justicia (DOJ) publicada en documentos judiciales esta semana reveló que la administración de Donald Trump exige información confidencial de hospitales y médicos que ofrecen atención de afirmación de género a menores.
El requerimiento, enviado en junio al Children’s Hospital de Philadelphia, incluye una lista de siete páginas con exigencias que abarcan “todo escrito o registro” de los médicos sobre estas atenciones, como terapias, bloqueadores de pubertad, hormonas o cirugías. También pide datos sensibles como fechas de nacimiento, direcciones y números de Seguro Social de los pacientes.
Un reporte de The Washington Post señala que la citación al hospital de Philadelphia no solo exige historiales médicos y registros financieros, sino también correos electrónicos, textos, grabaciones de Zoom e incluso mensajes en aplicaciones cifradas como WhatsApp.
Además, fuentes anónimas consultadas por el medio señalaron que los hospitales en la mira están ubicados tanto en estados con leyes restrictivas como en aquellos donde los tratamientos siguen siendo legales.
De acuerdo con The New York Times, las citaciones son apenas una pieza de un plan más amplio. Desde mayo, el Centro de Servicios de Medicare y Medicaid envió cartas a nueve hospitales infantiles de prestigio solicitando información sobre tratamientos de género en menores y advirtiendo que el financiamiento federal depende de estándares “rigurosos”.
En paralelo, en junio, el FBI pidió al público denunciar cirugías de transición en adolescentes, mientras que el DOJ abrió pesquisas contra fabricantes de fármacos empleados en estas terapias.
El despliegue del gobierno ya provocó que más de una docena de hospitales redujeran o cerraran sus clínicas para adolescentes trans, incluso en estados gobernados por demócratas.
Médicos citados por The Washington Post señalaron un clima de miedo, pues algunos han tenido que entregar teléfonos de trabajo a sus superiores o revisar constantemente si están bajo vigilancia, pues temen posibles cargos criminales por ofrecer tratamientos legales en sus jurisdicciones.
También estudios publicados en JAMA Pediatrics confirman que menos del 0.1% de los adolescentes en Estados Unidos accede a bloqueadores de pubertad o terapias hormonales, lo que desmiente la idea de un uso extendido o inapropiado.
Expertos legales advierten que este fallo podría abrir la puerta a que otros estados también prohíban estos cuidados para adultos trans. Leah Litman, profesora de derecho constitucional en la Universidad de Michigan, dijo a The Advocate que la mayoría conservadora del Tribunal está sentando las bases para implementar restricciones aún más amplias.
