Un mes antes de la muerte de la niña de 7 años en el sector Los Guandules, del Distrito Nacional, una residente de la comunidad supuestamente alertó sobre el maltrato a través del Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi), pero la denuncia no tuvo respuesta efectiva, reveló la periodista Edith Febles.
De acuerdo con registros de conversaciones compartidos en la comunidad, una vecina, quien pidió que su identidad se mantuviera anónima, llamó a la referida entidad y una representante le solicitó datos de la menor y le aseguró que el caso sería reportado a la plataforma de la institución «como emergencia».
En un audio que circula de forma viral, la empleada señala: «Mi jefa hizo el reporte a nuestra institución. Lo subió a la plataforma y lo puso tipo emergencia. Puedes estar tranquila porque será anónimo tanto tú como yo. Según lo que se vaya haciendo yo te voy a ir informando».
Pese a la confirmación de que la denuncia había sido registrada, en la práctica no se ejecutó ninguna intervención. Vecinos del sector afirman que la situación de la niña permaneció igual hasta su fallecimiento.
Un equipo de Diario Libre se trasladó al sector y moradores consultados dicen no haber escuchado los momentos de maltratos a la menor: «Siempre había un radio prendido», indicó una vecina.
Prisión preventiva
Actualmente, Yokeiry Coronado de la Cruz y su pareja Jeider Montero Medina cumplen tres meses de prisión preventiva acusados de homicidio, actos de tortura y barbarie, y maltrato contra menores de edad.
Durante el proceso judicial, el Ministerio Público presentó fotografías y videos extraídos del celular de Montero Medina, donde la menor aparece amordazada, atada y con quemaduras. El propio abogado de la defensa admitió que las imágenes, presentadas inicialmente como parte de su estrategia, terminaron siendo evidencia incriminatoria.
El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) concluyó que la niña fue víctima de maltrato reiterado durante al menos dos meses y que murió el sábado 16 de agosto tras convulsiones ocasionadas por los daños acumulados.
Obligación de protección
La Constitución de la República Dominicana establece en su artículo 56 que «la familia, la sociedad y el Estado harán primar el interés superior del niño, niña y adolescente» y que las autoridades tienen la obligación de garantizar su protección integral.
