Un problema fundamental que el país debe superar para seguir adelante institucionalmente hacia otras metas es el de la permanencia bajo un régimen tributario que dejó de llenar los fines de sustentar con vigor funciones del Estado por no gravitar con equilibrio, eficacia y universalidad sobre las fuerzas productivas de la nación. Una obsolescencia empeorada porque el empleo de los insuficientes recaudos han carecido de restricciones específicamente establecidas por pactos o ley para que los dineros de los contribuyentes sean administrados con racionalidad, transparencia y pulcritud. La forma de garantizar los objetivos reformadores que proceden deben ser convenidos, como se reclama insistentemente, en un gran diálogo que gire en torno a propuestas de los liderazgos representativos de sectores nacionales.
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Las primeras piedras han sido colocadas a grandes rasgos por el sector público y por el amplio componente privado de la nación constituido por el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) viéndose notables coincidencias en los criterios enumerados hasta ahora y que esgrimirán unos y otros para enrumbarse hacia un tratado que tome en cuenta los puntos de vista legítimos del espectro nacional. Deben estar incluidos los intereses de los dominicanos que más pesado cargan con el tratamiento desigual de la fiscalidad actual que tiene convertidos prácticamente a los consumidores y a los asalariados de menos ingresos en los proveedores mayoritarios de recursos al Erario. Injusticia total.
