La coordinadora de Litigación de la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (PEPCA), Mirna Ortíz, informó que el Ministerio Público continuó este lunes con la incorporación de las pruebas en contra de los acusados en el entramado de corrupción, desmantelado mediante la Operación Antipulpo, encabezado por Juan Alexis Medina Sánchez y la exvicepresidenta del Fonper, Carmen Magalys Medina Sánchez, ambos hermanos del expresidente Danilo Medina Sánchez.
A la salida de la audiencia, Ortíz aseguró que las declaraciones de los testigos presentados ante el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, evidencian las anomalías con que operaba el Comité de Compras y Contrataciones del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper). Esto, al referirse a lo expuesto por Vicente Ismael Estrella Contreras y María Esther Fernández, ante las juezas Claribel Nivar Arias, Yissel Soto y Clara Sobeida Castillo.
El testigo Vicente Ismael Estrella Contreras, declaró ante el tribunal que las partes del Comité de Compras y Contrataciones no se reunían con la regularidad requerida para realizar el proceso de licitación, en violación a lo establecido en la norma. Estrella Contreras es abogado de profesión, laboró en el Fonperentre el 2013-2020, y tenía a cargo realizar los contratos de la institución.
Durante su intervención, Estrella Contreras, aseguró que el acusado Fernando Rosa, en calidad de autoridad máxima, era la persona encargada de tomar las decisiones en el FONPER y de firmar los contratos de dichas adjudicaciones.
Mientras que la exdirectora financiera del Fonper, María Esther Fernández, pese a que, declaró ante el tribunal ser amiga por más de 15 años de la acusada Carmen Magalys Medina Sánchez y trató de justificar una serie de irregularidades, a preguntas del Ministerio Público, admitió que ciertamente el Comité de Compras y Contrataciones no se reunía con la regularidad requerida, ni se tomaban las decisiones como establece la ley, sino que eran actas preelaboradas que llegaban a sus escritorios para ser firmadas.
Más temprano, el Ministerio Público además presentó, en calidad de testigo, al director general de Presupuesto, José Rijo Presbot, quien aseguró que durante el período de transición del 2020, el entonces ministro de Hacienda, Donald Guerrero, autorizó un pago irregular por alrededor de RD$20,900 millones para saldar deudas administrativas en favor de 42 contratistas de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE) y 32 del Ministerio de Obras Públicas.
El también catedrático señaló que, con dicha decisión, Donald Guerrero afectó la disponibilidad financiera del Estado Dominicano y provocó aumentar, aún más, la deuda pública, como consecuencia de pagos correspondientes a los años 2016, 2017, 2018 y 2019.
Al término de las tres intervenciones, el tribunal aplazó la audiencia para el próximo miércoles 26 de junio, a las 9:00 de la mañana. Fecha en la que se espera que el órgano acusador continúe con la incorporación de las pruebas.
