Tras el Consejo Nacional de la Seguridad Social (CNSS) emitiera la resolución 572-07 que ordena la aprobación de los traspasos desde Cuenta de Capitalización Individual (CCI) a Reparto Estatal, ha conocido 2,623 casos, de los cuales ha aprobado en acta 1,830 afiliados y 1,588 han sido traspasados satisfactoriamente.
La Comisión Interinstitucional de Traspasos de Cuenta de Capitalización Individual al Sistema de Reparto que conoce estos casos la integran la Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social (DIDA), coordinadora; la Superintendencia de Pensiones (SIPEN) y la Dirección General de Pensiones (DGJP). Esas entidades coordinan acciones desde finales del pasado año para cumplir con la disposición oficial que ordena el traspaso de los afiliados que califiquen y soliciten cambiar para Reparto de Estado.
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Mensualmente se conocen más de 300 casos de retorno de personas –que trabajaron en el Estado- favorecidas por la Resolución 572-07 para ingresar al Sistema de Reparto Estatal, adicionales a los casos normales de decretos y otros que son propios de la Comisión. La última reunión de la comisión se realizó el 20 de junio pasado.
La Comisión Interinstitucional Evaluadora inició el proceso para conocer los casos particulares a partir de la resolución que aprobó el manual de procedimientos para el traspaso desde Cuenta de Capitalización Individual a Reparto Estatal el 16 de noviembre de 2023.
“Se aprueba el retorno voluntario al Sistema de Reparto Estatal para todos aquellos trabajadores que estuvieron activos bajo el amparo del Sistema de Reparto estatal previo o al momento de inicio del Seguro de Vejez, Discapacidad y Sobrevivencia de la Ley No. 87-01 sobre el Sistema Dominicano de Seguridad Social”, establece. La Comisión tiene la misión de “conocer, evaluar y decidir sobre las solicitudes de traspaso de fondos para todos aquellos trabajadores que deseen el retorno de manera voluntaria al sistema de Reparto Estatal. Se evalúa los casos de afiliados al Sistema de Reparto Estatal con aportes del sector privado que requieran de valorar si con esos aportes cumplen con los requerimientos considerados para obtener una pensión estatal administrada por la DGJP. Trabajadores públicos han estado pasando.
