El Ministerio de Sanidad trata de hacer frente a la crisis abierta en la preparación de los exámenes MIR tras la dimisión en las últimas semanas de varios miembros del Comité de Expertos que preparan las preguntas de las pruebas, que en su última edición han adjudicado más de 9.000 plazas para la formación de médicos residentes en el Sistema Nacional de Salud (SNS).
Según un portavoz de Sanidad, el origen de la crisis está en los cambios que el ministerio tiene previsto hacer en el diseño de las pruebas, en un proceso aún abierto y que, entre otras medidas, prevé reducir la cantidad de dinero que reciben los expertos que preparan las preguntas.
“Estos expertos recibían hasta ahora más dinero por pregunta que los que participan en otros exámenes y oposiciones de la Administración General del Estado. Una de las medidas previstas es igualar las cantidades con las demás áreas”, explica un portavoz.
Este añade que, en las últimas semanas, varias de las personas que habían transmitido su intención de dimitir han reconsiderado su posición y han pedido volver a participar en la preparación del examen, algo que ahora deberá estudiarse. Sanidad insiste en que hay tiempo suficiente para hacer los cambios necesarios en el comité y preparar con plenas garantías los exámenes del próximo año.
El diario ABC ha publicado este jueves que el Comité de Expertos había dimitido en bloque, algo que Sanidad niega. En realidad, las discrepancias entre Sanidad y algunos expertos implicados se remontan a hace dos años, cuando el coordinador del comité renunció a este cargo por desavenencias con los responsables del ministerio sobre el alcance de los cambios. Con él, también dimitió otro de los miembros. El comité está formado en total por seis personas, cuyos nombres no se hacen públicos.
Cada miembro del comité está apoyado por una quincena de colaboradores de las distintas especialidades médicas, que les ayudan en la redacción de las preguntas. Cada año se preparan cerca de 400 cuestiones, de las que se eligen las 200 que forman parte del examen MIR.
Según ABC, el ministerio pretende ahora rebajar de 15 a cinco los colaboradores en los que se apoyan cada uno de los expertos del comité y también reducir la retribución que reciben por cada pregunta que formulan. Hasta ahora les abonaban unos 15 euros por cada cuestión que ascendían a 25 si ésta iba acompañada de una imagen original.
Sanidad pretende ahora, según ese diario, pagar las preguntas a nueve euros y, además, recortar las cuantías de la parte fija que los miembros del comité cobraban por el trabajo de coordinación y elaboración de las pruebas que realizaban. El ministerio ha declinado hacer públicas las cantidades y señala que están en negociación en un proceso aún abierto.
Los integrantes del comité que han dimitido han negado a ABC que el origen de la disputa esté en los recortes en sus retribuciones y defienden su convencimiento de que “los cambios van a rebajar la exigencia de las mismas y va a desvirtuar su función, que es la de hacer de filtro para el acceso a las especialidades médicas”.
Por el contrario, Sanidad asegura que “los cambios propuestos no desvirtúan la prueba, sino que buscan fortalecer su legitimidad y adecuación al marco normativo actual, sin menoscabar en ningún caso el rigor que debe caracterizar este proceso”.
“En ningún caso se está poniendo en riesgo la calidad del examen ni el nivel de exigencia que caracteriza a esta prueba. Muy al contrario, el Ministerio está trabajando de forma coordinada con equipos expertos y profesionales cualificados para garantizar que se mantenga el más alto estándar técnico y científico en la elaboración y evaluación de la prueba”, sigue en su respuesta el departamento que dirige Mónica García.
Sanidad admite que “los procesos de modernización y adaptación normativa pueden generar inquietudes y resistencias”, pero hace un llamamiento a todas las partes implicadas a “asumir que el actual momento de transición requiere actualizar estructuras y procedimientos para alinearlos con los valores de equidad, participación y transparencia que rigen el conjunto de la Administración Pública”.
