La coordinadora nacional de Formación Ciudadana Electoral de Súmate, Nélida Sánchez, cumplió 322 días en prisión este domingo 13 de julio, tiempo en el que la ONG denuncia de forma insistente las irregularidades del proceso judicial en contra de la activista de derechos humanos.
«En este período de más de 10 meses ha sido víctima de un proceso judicial injusto, porque está privada de su libertad personal, de estar con su familia y amigos, sin haber cometido ninguno de los cinco delitos imputados (instigación al odio, asociación para delinquir, conspiración, traición a la patria y terrorismo)», recordó la organización no gubernamental en su cuenta de la red social X.
En el mismo post añadieron que la administración de justicia le ocasionó «graves daños a su salud física y mental» a Sánchez, a quien detuvieron el 26 de agosto de 2024, casi un mes después de las elecciones presidenciales del 28 de julio del año pasado.
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Sánchez está presa por ser parte de la defensa del voto
La defensora es una de las 940 personas presas políticas en Venezuela, según la lista más reciente del Foro Penal que computa la cifras hasta el pasado 30 de junio de 2025.
«Reiteramos que no es delito formar para el ejercicio informado del derecho humano a elegir y ser elegido, como tampoco es delito haber sido parte de la plataforma de defensa del voto en la elección presidencial 2024», dijo Súmate sobre las razones por las que detuvieron a su coordinadora de formación electoral.
El Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamó la victoria de Nicolás Maduro, pese a que la Plataforma Unitaria Democrática publicó más del 85 % de las actas de escrutinio en una página web independiente, con las que sostienen que el triunfo fue para su abanderado Edmundo González Urrutia, exiliado en España desde septiembre de 2024.
A casi un año del proceso, el organismo no ha publicado las actas desglosadas por centros de votación y tampoco lo hizo en los comicios regionales y parlamentarios del pasado 25 de mayo, lo que representa un deterioro de las garantías electorales y las normas que rigen estos mecanismos en el país.
Para Súmate, Sánchez «debe estar libre y disfrutar de todos sus derechos, como lo establece el Art. 19 de la Constitución de la República: ‘El Estado garantizará a toda persona, conforme al principio de progresividad y sin discriminación alguna, el goce y ejercicio irrenunciable, indivisible e interdependiente de los derechos humanos. Su respeto y garantía son obligatorios para los órganos del Poder Público de conformidad con esta Constitución, con los tratados sobre derechos humanos suscritos y ratificados por la República y con las leyes que los desarrollen’».
