El expresidente Hipólito Mejía pidió al director del Consejo Directivo del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), Rafael Burgos Gómez detallar los supuestos expedientes en que pudiera estar involucrado directa o indirectamente, tras afirmar que el Estado dominicano perdió más de 2 millones de tareas del 2000 al 2020, repartidos entre mafias de funcionarios, los cuales definió como piñata.
A través de una misiva remitida a Burgos Gómez, el expresidente manifestó que sus declaraciones en la columna del periódico Diario Libre salpican a todos los que trabajaron durante su gestión, en el período 2000-2004, por lo que exhortó que precise «con hechos, casos y detalles» todos los expedientes en los que estuvo involucrado.
“En lo que pudiera referirse a mi persona, precise con hechos, casos y detalles todos los expedientes en que quien suscribe pudiera estar involucrado, directa o indirectamente, en relación con los hechos a que usted se ha referido”, expresó el exgobernante.
Asimismo, pidió que diera a conocer cualquier situación que lo involucre en apropiaciones dolosas en su desempeño como secretario de Estado de Agricultura, durante el gobierno del presidente Antonio Guzmán.
Además, el exmandatario exhortó a Burgos Gómez aclarar a través del mismo medio en que hizo las acusaciones, el alcance de sus declaraciones, especialmente en lo que se refiere a su persona, su familia y al período gubernamental que le tocó servir.
«Mafias de funcionarios»
El pasado 14 de julio, en la columna Diálogo Libre, el director del CEA manifestó que el Estado dominicano perdió más de 2 millones de tareas del 2000 al 2020, repartidos entre mafias de funcionarios, los cuales definió como piñata.
“El Estado perdió o no se manejó de manera correcta con más de 2 millones de tareas de tierra en el período del 2000 al 2020. El 70 % fue adquirida por diferentes sectores de la vida nacional y muchas de ellas fueron regaladas o pagadas a un precio vil”, dijo Burgos Gómez.
Además, dijo que al asumir la posición encontró “un desorden” porque no se hizo una gestión de cambio. “Nosotros encontramos una institución demolida moralmente”, argumentó.
Asimismo, explicó que entre tantos casos, envió a la Procuraduría General de la República (PGR) solo los 14 que pudieron sustentar con pruebas.
