La Asociación de Empresas de Comunicación y Tecnología (COMTEC), que agrupa a concesionarios y empresas de infraestructuras debidamente registrados y regulados por el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL), manifiesta su profunda preocupación ante las irregularidades identificadas en el proceso de licitación pública nacional convocado por el Fideicomiso VBC RD para la construcción y operación de la red de telecomunicaciones en el proyecto habitacional Ciudad Juan Bosch (CJB).
Una red bajo control exclusivo de un solo operador
El modelo planteado por la licitación otorga la gestión total de la red de telecomunicaciones a un único operador. Esta medida contradice principios fundamentales del marco regulatorio vigente, como la libre competencia, la neutralidad tecnológica y la coexistencia de redes, afectando directamente los derechos adquiridos por las prestadoras habilitadas – a través de concesiones para operar -. Además, limita la innovación, reduce la calidad del servicio y eleva innecesariamente los costos para los usuarios.
Restricciones que persisten desde 2019
Desde hace más de cinco años, las empresas reguladas han enfrentado barreras para continuar el despliegue de infraestructura en Ciudad Juan Bosch, pese a haber realizado inversiones importantes y haber servido a más de 7,000 hogares en las etapas iniciales del proyecto. Esta situación ha propiciado la entrada de operadores informales y servicios no autorizados, sin supervisión ni garantías de calidad, afectando directamente a los residentes.
Falta de cumplimiento que fomenta la ilegalidad y debilita la seguridad jurídica, y los incentivos a largo plazo
La ausencia de aplicación efectiva del marco legal y de respeto a los acuerdos vigentes crea un entorno de inseguridad jurídica que impide el funcionamiento adecuado de las empresas formales, fomenta la ilegalidad y debilita los incentivos a la inversión a largo plazo. Esta situación no solo perjudica a las empresas del sector, sino que proyecta un mensaje negativo a inversionistas locales e internacionales, afectando la percepción del país como destino confiable y competitivo.
Un modelo económico que encarece el servicio al usuario final
La licitación impone pagos recurrentes de hasta USD$12.00 mensuales por usuario, por concepto de operación, configuración y mantenimiento. Este modelo encarece artificialmente el servicio, contradice la Ley General de Telecomunicaciones Núm. 153-98 —que busca asegurar acceso asequible a servicios públicos— y afecta particularmente a los sectores de bajos ingresos, ampliando la brecha digital.
Limitaciones técnicas y operativas graves
El diseño de red planteado no contempla redundancias ni mecanismos de respaldo que aseguren continuidad operativa. Al asignar la infraestructura activa y pasiva a un solo operador, se elimina la relación directa entre prestadora y cliente final, afectando la calidad del servicio, la atención a fallas y las compensaciones, en contravención de las obligaciones establecidas por el INDOTEL.
Además, se excluye la posibilidad de que otras empresas habilitadas operen sus propias redes, lo cual vulnera sus derechos adquiridos y desincentiva la innovación tecnológica y la mejora continua en la calidad del servicio.
Propuesta de solución
COMTEC reitera su disposición a participar en esquemas colaborativos que garanticen:
Infraestructura pasiva compartida bajo principios de neutralidad y acceso equitativo.
Participación abierta a todos los concesionarios regulados.
Un marco tarifario justo, transparente y orientado al beneficio del usuario final.
Aplicación de la Ley General de Telecomunicaciones Núm. 153-98 y su reglamentación derivada como base para el desarrollo del proyecto.
Llamado a las autoridades
Exhortamos al Fideicomiso VBC RD, a la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) y a las autoridades competentes a revisar este proceso, ajustarlo al marco legal vigente y asegurar que las políticas públicas de conectividad se construyan con criterios técnicos, en apego a la ley y con enfoque en el bienestar ciudadano.
Un entorno normativo claro, predecible y justo no solo protege al consumidor, sino que es esencial para fortalecer la seguridad jurídica, atraer inversión y consolidar un sector de telecomunicaciones moderno, competitivo y sostenible.
