El proyecto Anida Residences, una torre de apartamentos de 15 niveles más cuatro sótanos, está paralizado desde el 2011. Se trata de una iniciativa inmobiliaria que proyectaban levantar las constructoras Sididom y Soluciones Integrales para Desarrollos Inmobiliarios Dominicana en el sector capitalino de Bella Vista. Pero el lugar escogido para su edificación es un inmueble contiguo al Colegio Bilingüe New Horizons, cuyo propietario desató un conflicto legal contra la obra.
A pesar de las constructoras contar con la documentación requerida por el Estado y de que se emitieron tres sentencias definitivas a su favor, una litis emanada por el interés de Fauntly Garrido Comer, dueño del centro educativo, en adquirir el terreno contiguo a su propiedad, ha impedido el desarrollo del proyecto.
Así consta en la sentencia 852-2015 de la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, la cual recoge la entrevista a uno de los propietarios de la constructora, quien revela que Garrido Comer quería adquirir el solar desde el año 2000, afirmando que el dueño natural del terreno era el colegio.
«Me dijo que yo jamás iba a construir, que debía hacer negocios con él para hacer el proyecto, que yo era extranjero y que no sabía cómo funcionaban las cosas aquí. Desde aquel momento ha habido una guerra. Le digo que tengo los permisos, me dijo que eso se tumba, que si no llegamos a un acuerdo que me preparara para lo que venía», se lee.
En el texto legal se establece que, tras una reunión en septiembre de 2011, Garrido Comer le propone una permuta de terreno y luego una oferta de compra.
La batalla legal
«Después de esa reunión empezó la batalla judicial. Interpuso una querella por construcción ilegal, en septiembre 2012 empezó a escribir a organizaciones públicas presentando oposición directa al proyecto y solicitudes de cancelación de permiso ante el Tribunal Administrativo, cuando la rechazan, la vuelve a interponer», sostiene el inversionista.
Las acciones judiciales emprendidas por Garrido Comer en contra de la obra incluyen también la notificación, vía acto de alguacil, a todas las entidades financieras del país, así como a las principales empresas inmobiliarias, con la intención de intimar y crear pánico en estas, con la finalidad de impedir que el proyecto obtuviera financiamiento a tiempo, indica la sentencia.
Además, «procedió a elevar querellas, demandas, quejas, todas temerarias e injustificadas, con la finalidad de impedir o bien retrasar y trabar el desarrollo del proyecto, con el fin de dar al traste con el mismo, o bien hacerlo económicamente inviable, para poder negociar los precios y condiciones pretendidos por ellos, como se muestra en las innumerables propuestas de compra a precios de condiciones por debajo del mercado».
Acciones temerarias
En su sentencia, el tribunal indica que las compañías constructoras fueron víctimas de acciones temerarias, actividades y conductas abusivas por ante órganos administrativos y entidades financieras, que atentaron contra su prestigio e imagen.
De igual forma, agrega que el demandante (el propietario del colegio) actuó con ligereza en sus distintas acciones e instancias, sin sustentación ni fundamento alguno en contra de las empresas constructoras.
«Estas acciones improcedentes, por ante distintas jurisdicciones, han causado, a criterio de este tribunal, sustentado en las piezas antes descritas, daños a las entidades Construcciones Sididom y Soluciones Integrales para Desarrollos Inmobiliarios Dominicana», puntualiza el texto.
En esa instancia el Colegio Bilingüe New Horizons fue condenado a pagar a las compañías de construcción las sumas de: 2.2 millones de pesos y 195,684 dólares por concepto de indemnización por los daños y perjuicios materiales y 10 millones de pesos por concepto de daños y perjuicios materiales, sufridos a causa de las acciones interpuestas por el centro educativo.
Estatus del proceso
Actualmente, el proceso judicial se encuentra en etapa de embargo, debido a que el colegio se ha negado a pagar la suma de 12.2 millones de pesos y 195,684 dólares a las compañías constructoras, montos a los que fue condenado en 2015. De igual forma, el Tribunal Constitucional emitió la sentencia TC/0951/24 mediante la cual confirmó otra decisión judicial de 2020 que favorecía a los inversionistas.
