El reciente anuncio de que una de las estaciones del futuro monorriel de Santo Domingo se construirá en el área de Los Tres Ojos ha reactivado la memoria de una controversia anterior: la oposición a la instalación de una terminal interurbana de autobuses en el mismo espacio.
Entre 2016 y 2020, la zona fue centro de un conflicto legal y social que enfrentó a ciudadanos, ambientalistas, autoridades municipales y tribunales contra la ejecución de esa obra, señalada como una amenaza para un ecosistema considerado crítico.
Una zona de alto valor ambiental
Los Tres Ojos es un sistema de cuevas y lagunas subterráneas, rodeado por el Parque del Este, que funciona como un reservorio natural de aguas subterráneas. La fragilidad de este entorno fue el principal argumento esgrimido contra la construcción de la terminal de autobuses proyectada en el estacionamiento del parque.
Quiénes se opusieron a la obra de la terminal
- Ciudadanos y líderes sociales: en 2018, Manuel Jiménez Ortega —entonces exdiputado y posterior alcalde de Santo Domingo Este— junto a Héctor Ferreras, Gregorio Ortega Martínez, Leónidas Calderón Ranvalde y Claudio Antonio Caamaño Vélez, presentaron una acción de amparo colectivo ante el Tribunal Superior Administrativo (TSA).
- Su demanda señalaba que la construcción de la terminal ponía en riesgo las aguas subterráneas y el equilibrio ecológico del parque, además de afectar el uso del espacio por parte de las comunidades circundantes.
Ese mismo año, la Tercera Sala del Tribunal Superior Administrativo (TSA) acogió la acción de amparo de manera preventiva y ordenó la paralización inmediata de los trabajos, condicionando cualquier reanudación a la presentación de un estudio de impacto ambiental que demostrara la viabilidad del proyecto sin comprometer el ecosistema.
El caso escaló al Tribunal Constitucional, donde tanto los accionantes como el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (OPRET) presentaron recursos de revisión.
En diciembre de 2019, mediante la sentencia TC/0553/19, el Constitucional ratificó la paralización preventiva, priorizando el principio de precaución ambiental y confirmando que la obra no podía continuar sin estudios adecuados.
Alcaldía y Concejo de Santo Domingo Este
El Ayuntamiento de Santo Domingo Este, junto con el Concejo de Regidores, se pronunció en contra de la terminal, apoyándose en las decisiones judiciales. Las autoridades locales advirtieron que, de ser necesario, usarían mecanismos legales para sancionar a la empresa contratista por desacato y para detener definitivamente la obra.
La Academia de Ciencias de la República Dominicana advirtió en 2018 que el proyecto podía afectar las aguas subterráneas que abastecen a las comunidades y provocar daños irreversibles en el ecosistema del parque. Grupos ciudadanos, regidores y vecinos también expresaron su rechazo mediante protestas y pronunciamientos públicos, denunciando el riesgo de «arrabalizar» el área natural.
