El Instituto Duartiano manifestó este lunes su respaldo a los acuerdos que surjan del «Diálogo sobre la Crisis Haitiana y sus Implicaciones en la República Dominicana», siempre y cuando no incluyan ninguna «medida regulatoria» de inmigrantes ilegales o indocumentados, ni otorguen permisos transitorios de trabajo o documentos de identidad fuera del marco legal dominicano.
Así lo afirmó el presidente del Instituto Duartiano, Wilson Gómez Ramírez, durante un encuentro celebrado en la sede de la entidad en la Ciudad Colonial, e indicó que tampoco respaldaría medidas que «impliquen la dotación de documentos de identidad personal librados por la autoridad dominicana al margen del ordenamiento legal y constitucional, con respecto a súbditos de cualquier otro país».
Enfatizó que debe respetarse de manera absoluta la Constitución dominicana, especialmente el artículo 3, que consagra el principio de no intervención como norma invariable de la política internacional del país.
Sobre la propuesta del CES
Gómez Ramírez también valoró la propuesta del Consejo Económico y Social (CES) de crear un Observatorio Nacional de Migración Laboral, aunque puntualizó que su composición debe incluir no solo organismos estatales como el Ministerio de Trabajo, Migración y Relaciones Exteriores, sino también instituciones civiles con vocación patriótica.
Además, Gómez Ramírez instó al presidente Luis Abinader a tomar una posición firme frente a la corrupción fronteriza y a liderar una ofensiva diplomática para destacar en la comunidad internacional los aportes de la República Dominicana a Haití, así como para desmentir la existencia de prácticas racistas, discriminatorias o xenofóbicas en la sociedad dominicana.
El presidente del Instituto Duartiano recordó que el artículo 10 de la Constitución establece como de «supremo y permanente interés nacional» la seguridad, el desarrollo de la zona fronteriza, así como la preservación del patrimonio histórico y cultural, particularmente en la Ciudad Colonial.
Asimismo, reclamó la legislación necesaria para garantizar el cumplimiento de la reserva de ley que establece el numeral 2 del mismo artículo 10 del régimen de adquisición y transferencia de propiedades en la frontera, priorizando el interés nacional y la titularidad dominicana.
Exhortó a los jueces dominicanos a actuar con firmeza en casos relacionados con el tráfico de ilegales e indocumentados, aplicando rigurosamente la ley.
Asimismo, instó a cesar las devoluciones de vehículos y propiedades que retiene el Ministerio Público y otros organismos, en ocasión de sus operativos contra el tráfico de indocumentados e ilegales, toda vez que estos constituyen cuerpos de delito en cada caso.
