A propósito del Día Mundial del Hábitat, comunitarios de distintos sectores se manifestaron frente al Palacio Nacional para exigir el cese de los desalojos forzosos en todo el territorio nacional.
Representantes de La Mina, en San Isidro; Rivera del Ozama y Nueva Jerusalén, en Santo Domingo Este; Las Malvinas y Arroyo Lindo, en el Distrito Nacional; El Carril de Haina, en Bajos de Haina; así como Santa Lucía, Monte Adentro, Campo Lindo y El Gran Valiente, en el distrito municipal de La Caleta, Boca Chica, reclamaron su derecho a una vivienda digna.
El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH-RD), Manuel María Mercedes, exhortó al Gobierno a retomar la mesa de diálogo donde se discute la problemática de los desalojos. Recordó que existe una ley impulsada por organizaciones de la sociedad civil que debe respetarse.
«Exigimos un desalojo digno, como dice la ley, que se cumpla con lo prometido y que se respeten las titulaciones«, expresó.
Desalojos forzosos
Moradores de La Mina, en San Isidro, denunciaron que fueron desalojados forzosamente de sus viviendas en abril de 2021, en horas de la madrugada, mediante un uso desproporcionado de la fuerza pública. Aseguran que aún no han recibido ninguna respuesta de las autoridades.
Sonilda Martínez, residente en Las Lilas, dijo estar cansada del maltrato de la Unidad para la Readecuación de Barrios y Entornos (Urbe).
«Urbe está acabando con lo que es Las Lilas y el Ozama. Está dando un trato que no es profesional. Es un decreto del Gobierno que manda a sacar a la gente de la orilla del río, pero no de esa manera, no gratis, no tirándonos a la calle a ocupar otra orilla. Lamentablemente, Las Lilas no se negocia de esa manera», denunció.
Los manifestantes demandaron el cese inmediato de los desalojos forzosos, indemnización para las familias afectadas y participación comunitaria en las intervenciones urbanas planificadas por el Gobierno.
También pidieron retomar el proceso de declaración de utilidad pública de terrenos habitados durante años por familias reclamadas por particulares, y continuar el Plan Nacional de Titulación en terrenos estatales ocupados de forma pacífica y prolongada.
