La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia declaró procedente el pedido formulado por Venezuela ante España para que envíen a Deivis José González Pérez, quien siendo gerente de Pdvsa, canceló 40 lanchas que nunca entregaron a la estatal petrolera.
La decisión de solicitar en extradición a González Pérez está contenida en la sentencia N° 301 publicada el 6 de junio pasado con la firma de los tres magistrados de la Sala Penal: Maikel Moreno (ponente), Carmen Marisela Castro y Elsa Gómez Moreno.
Los hechos por los cuales se procesa penalmente a González Pérez datan de diciembre de 2012, cuando esta persona se desempeñaba como gerente de Operaciones Acuáticas de Pdvsa-Occidente. Desde ese cargo suscribió un contrato de manera directa con la empresa St. Johns Shinp Building S.A., domiciliada en Panamá, para la adquisición de 40 lanchas por un total de $44.297.490,80. Cada embarcación tenía un costo de $1.107.437,27.
La investigación detectó irregularidades en la administración del contrato toda vez que los pagos fueron emitidos bajo una figura de anticipo la cual no estaba establecida en el contrato principal, emitiéndose pagos millonarios sin las garantías debidas, según se reseña en el informe.
El contrato con la empresa venció y aun existiendo una fianza de fiel cumplimiento por un monto de Bs. 2.213.9883590,18, equivalente al 100% del convenio, la misma no puede ejecutarse porque no cumple con las exigencias establecidas en el contrato principal, lo que le quita la posibilidad al Estado de recuperar lo desembolsado, dice la investigación explanada en la sentencia.
Habiendo cancelado el pago, la entrega de las lanchas no se materializó; es por lo que el daño patrimonial “causado al Estado venezolano por conducto de Petróleos de Venezuela asciende aproximadamente a $35.437.992,64”.
Por ese hecho, el 30 de abril de 2015, el Tribunal 8° de Control del Zulia, dictó orden de aprehensión contra González Pérez debido a su presunta incursión en los delitos de peculado doloso propio y asociación.
El 28 de mayo pasado, España informó a Venezuela sobre la detención en Madrid de González Pérez, quien presentaba una notificación roja de Interpol. En razón de ello el expediente fue enviado a la sala Penal cuyos magistrados constataron que están llenos los requisitos para declarar procedente la extradición del sujeto.
La Sala recordó que Venezuela y España suscribieron la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.
