La noticia del otoño pasado no podría haber llegado en mejor momento para Karina Fuentes.
Por Chicago Tribune
Durante casi tres meses, la migrante venezolana de 42 años había estado viviendo en una habitación de hotel estrecha y mohosa en Streeterville con su esposo y sus dos hijos. El espacio era reducido incluso fuera de su habitación en el Inn of Chicago, y las áreas comunes del hotel a menudo estaban abarrotadas de cientos de otros migrantes de Venezuela que, como ellos, habían caminado aproximadamente 5.000 millas en busca de una vida mejor. Poco antes del Día de Acción de Gracias, Fuentes recibió el correo electrónico que había estado esperando. Su familia había sido aprobada para un programa estatal relativamente nuevo que prometía ayudar a los migrantes a encontrar apartamentos. El estado cubriría hasta seis meses de alquiler, una medida clave para ayudar a la ciudad a vaciar sus refugios, que se habían llenado de migrantes.
La familia de cuatro pudo despedirse del albergue Inn of Chicago y dar un paso más hacia el sueño americano. “Fue una bendición la propiedad”, recordó Fuentes. “Mis hijos, especialmente, estaban muy felices”.
Sin embargo, la familia pronto se enteraría de la lenta burocracia del programa y de las duras realidades sobre el terreno. A Fuentes, que tiene una hija y un marido con graves necesidades médicas, le ofrecerían una serie de apartamentos que consideraban inhabitables. Estaban entre los cientos de inmigrantes cuyos contratos de alquiler atrajeron la atención del estado, con docenas de casos tan preocupantes que el estado expulsó a los propietarios del programa. Los trabajadores sociales contratados por el estado a veces se veían obligados a realizar los trámites a toda prisa para satisfacer la demanda de los inmigrantes que estaban desesperados por salir de los refugios abarrotados en un programa que no examinaba a fondo las propiedades ni a los propietarios.
El estado terminaba pagando alquileres durante meses por lugares donde no vivían personas. E incluso en los lugares donde vivían inmigrantes, a menudo se les cobraba 140 dólares o más por encima del precio de mercado por apartamentos que los inmigrantes a menudo consideraban inhabitables en barrios considerados entre los más violentos de Chicago.
Al mismo tiempo, los propietarios dirían que tenían pocos incentivos para participar en un programa que parecía cargado de riesgos: la asistencia para el alquiler del estado era a corto plazo y los inquilinos estaban en su mayoría desempleados.
En un período de 18 meses hasta junio, el estado pagaría más de 50 millones de dólares para cubrir el alquiler de más de 6.000 familias y, al final, pediría a decenas de propietarios que devolvieran más de 620.000 dólares en medio de quejas de que las propiedades eran inhabitables. Fuentes tendría un asiento en primera fila para verlo todo.
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