Días de vértigo en Telefónica. La operadora abrochaba esta semana la venta de su filial en Uruguay por 377 millones de euros. En paralelo, trascendía que América Móvil, controlada por el empresario mexicano Carlos Slim, y la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel) de Chile exploran entrar en la puja por los activos en ese país de la firma que preside Marc Murtra. Se trata de movimientos alineados con la senda de desinversiones acometida por Telefónica en países como Perú, Argentina y Colombia, dentro de la operación salida de la compañía de Latinoamérica. Sin embargo, un país amenaza con convertirse en una auténtica piedra en el zapato de la operadora española en ese proceso. Según aseguran diversas fuentes financieras y otras próximas a la firma, el plan para deshacerse de su filial venezolana topa desde hace meses con la falta de comprador.
El escenario político es endiablado. El frente abierto por la administración Trump contra el gobierno de Nicolás Maduro, incluso con el riesgo de una escalada militar sobre la mesa, expone ante la Casa Blanca a las compañías con presencia en el país; estas, por otra parte, tampoco encuentran facilidades para colocar el negocio en la actual situación y, como querrían, hacer las maletas. En el caso de Telefónica, los mensajes emitidos por la propia empresa al más alto nivel han sido algo contradictorios. Mientras que Murtra ha insistido en que la estrategia en esta nueva etapa pasa por acelerar el adiós al continente latinoamericano y concentrar los esfuerzos en Europa, el presidente de Telefónica Venezuela, José Luis Rodríguez Zarco, sembraba una semilla de duda y desmentía por sorpresa la mayor hace apenas unos días. “Nadie me ha hablado en absoluto de la posibilidad de vender la operadora en Venezuela. Sinceramente lo digo. De lo contrario, sería el primer sorprendido si esto sucediera”, afirmó Zarco a finales de septiembre durante la Feria Internacional de Tecnología de Venezuela (Fitelven), celebrada en Caracas.
Venezuela genera en Telefónica sentimientos encontrados. Un ex alto cargo con décadas de experiencia en la operadora recuerda que, junto a Colombia, la de Venezuela es la filial que mejor ha funcionado históricamente en la corporación. “Por momentos, ha sido una verdadera caja registradora”, confiesa. Sin embargo, la deriva del régimen chavista, con los problemas para repatriar capitales y la constante depreciación del bolívar, dejó en papel mojado gran parte de esas ganancias. “Es un negocio cautivo, que volvería a funcionar y a valer mucho más si la presión estadounidense terminara por provocar un cambio político y de régimen. Ahora mismo, no es de extrañar que su valor sea cercano a cero”, subraya. En la medida en la que la situación degenere, expone esta fuente, “las empresas que se queden estarán cada vez más solas”.
Las cifras no engañan. Son más que razonables incluso ahora, años después de que en 2009 se llegara a los 3.700 millones de ingresos y se acentuara el golpe de la inflación. Según las propias memorias de la compañía, Venezuela registró un beneficio de 212 millones en 2024, en el top cinco de países con mejor desempeño en el conglomerado. Ya había sumado otros 101 millones el año anterior. Sin embargo, Telefónica sufre más las espinas que las rosas, y paga los peajes. A finales del año 2024, el Departamento de Justicia de Estados Unidos desvelaba que Telefónica Venezolana, la división de la compañía entonces presidida por José María Álvarez Pallete, había llegado a un acuerdo para pagar una multa de 85,26 millones de dólares y dar carpetazo a una investigación sobre una trama de sobornos a funcionarios con el fin de recibir acceso preferente a dólares estadounidenses en una subasta de divisas allá por el año 2014. “Telefónica Venezolana eligió apoyar a un régimen corrupto para eludir las dificultades de realizar negocios legales en Venezuela”, exponía una fiscal.
No paran ahí los desembolsos. La firma anunciaba el pasado mes de febrero una inversión de 500 millones de dólares (482 millones de euros) en dos años para ampliar su cobertura 4G y comenzar a desplegar la red 5G, tras adjudicarse una licencia para operar esas frecuencias. Una apuesta en apariencia discordante con un plan de salida de la región, pero que puede argumentarse por la obligación de efectuar esas inversiones para cumplir con las exigencias del supervisor venezolano.
Las connotaciones políticas de cualquier decisión son inevitables, por mucho que las exigencias del guion las marque el negocio. Según consta en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), comparten el accionariado de la operadora entidades como BBVA (5%) y Fundación La Caixa (5%), firmas de referencia en el entramado corporativo nacional, con la pública Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) como primer accionista con el 10%. Carlos Ocaña, consejero nombrado por el Gobierno, es vicepresidente de la compañía. Fue jefe de gabinete adjunto en la Oficina Económica del presidente en la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero. El propio Murtra, entre otros cargos políticos, fue jefe de gabinete en el Ministerio de Industria de Joan Clos, exalcalde de Barcelona por el PSC, también en la era Zapatero.
Plan estratégico
La ejecución de las desinversiones previstas en Latinoamérica es especialmente relevante, ya que Telefónica necesita músculo para afrontar las demandas del nuevo plan estratégico que la compañía presentará el próximo 4 de noviembre. Según aseguran fuentes conocedoras, todas las opciones están sobre la mesa de cara a ese plan de acción. No obstante, hay coincidencia en que la compañía prepara el paso de una época de contención, concentrada en la reducción de la deuda (aún en el entorno de los 27.000 millones), a un proyecto de crecimiento. Un movimiento que requiere financiación, ya sea mediante ventas -con la desinversión de una participación minoritaria en Brasil como posibilidad-; la puesta en marcha de una macro ampliación de capital -que obligaría a dar un paso al frente a los accionistas -, o la reducción del dividendo, tradicionalmente un anatema en la compañía.
La magnitud del desafío hace que Murtra, que aterrizó en la compañía a principios de este año tras su periplo en Indra, se la juegue ante el mercado con esa hoja de ruta después de años con la acción deprimida. Es consciente de que es su ahora o nunca para defender su perfil de gestor. Y tiene trabajo por delante, más allá de los números y las tablas de Excel. Si como descuenta el mercado, la estrategia apunta a la adquisición de Vodafone España como paso previo a procesos más ambiciosos en Europa, la sensibilidad respecto a las cuestiones geopolíticas es clave. Los riesgos aparecen por doquier. A finales de agosto, Telefónica renovaba un contrato para su red 5G con Huawei, otorgándole la administración del núcleo o core de su red 5G para los usuarios residenciales desde 2025 hasta 2030. Países europeos como Alemania o Reino Unido han incluido a Huawei en una lista de suministradores de riesgo, prohibiendo expresamente su contratación por la Administración o los operadores de telecomunicaciones. La operadora defiende que el proveedor chino solo aporta la plataforma; que cumple de forma estricta con las recomendaciones de las agencias y los reguladores, y que los datos los gestiona la propia compañía. Hace bien en poner distancia. Mejor acotar las relaciones peligrosas.
