A estas alturas, si el cambio climático que vivimos tiene un origen antropogénico o no, da igual. Lo mismo podemos frenar en seco el motor económico y ya el daño está hecho, o por lo menos, eso dicen los expertos. Al margen de que cada grupo económico financia su lobby político y patrocina la opinión científica que más le favorezca, no hay que ser muy experto –a lo sumo buen observador–, para darse cuenta que los patrones climáticos están cambiando drástica, dramática y rápidamente.
Habrá quienes minimicen todo esto, y habrá también quienes afirmen que los modelos predictivos que hasta la fecha habían funcionado, ya no lo hacen. Hay pocas certezas, pero si muchas dudas, intereses e información diversa. Hoy nadie niega que las estaciones tienden a los extremos (veranos más cálidos, inviernos más fríos) y que los fenómenos climatológicos son más aleatorios y violentos (lluvias más intensas y de corta duración, huracanes más fuertes).
Desde las lluvias de noviembre de 2022, el lenguaje del cambio climático, anteriormente reservado a élites técnicas y foros especializados, se ha democratizado e incorporado a la jerga común, y ya cualquier ciudadano de a pie recurre a él cuando quiere tratar de entender o justificar un exabrupto climatológico.
Los números evidencian el dramatismo del desafío. En abril de este año el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo –Pavel Isa– afirmaba “que la República Dominicana, por eventos hidrometereológicos extremos asociados al cambio climático, pierde anualmente un equivalente al 0.7% del Producto Interno Bruto (PIB)”. Para Max Puig, vicepresidente del Consejo Nacional para el Cambio Climático, este constituye “un desafío al presupuesto nacional […] no sólo por cómo afecta la productividad, sino por los gastos que implica hacerle frente. Por tanto, […] amenaza con limitar o frenar el desarrollo económico y social de la República Dominicana”.
Estas cifras, lejos de ser refutadas, han sido validadas y reajustadas por organismos financieros internacionales (1.5% a 2% BID, enero 2024), o proyectadas de manera dramática a 2050 (16.7%, CEPAL, noviembre 2023). El resultado variará en función del modelo que se corra, pero el problema central se mantiene: el país se encuentra frente a una gran encrucijada en materia de planificación, gestión y aprovisionamiento de recursos para tomar medidas urgentes, pero también necesarias.
La firmeza con que la presidencia ha asumido el tema, poniéndolo en el centro de la agenda, indica que hay conciencia y preocupación; pero que también es necesario transversalizar el discurso y aumentar los recursos, para lograr que todas las instancias del Estado a nivel central y local asuman los desafíos; pues no basta con que nos quejemos (o critiquemos) sólo cuando se verifica el desastre climático, sino que actuemos de manera preventiva, en condiciones de control, con urgencia, contundencia y sentido de futuro.
