El comunicado emitido por la Procuraduría General de la República en el que informa que tomará medidas cautelares para evitar que en los medios de comunicación obstruyan los procesos de persecución de la corrupción, constituye “un atentado al libre ejercicio de la profesión del periodismo”, advirtió ayer el Colegio Dominicano de Periodistas (CDP).
“Creemos que el ministerio público debe actuar con transparencia total en los procesos, pero a la vez respetar el derecho de los periodistas en el ejercicio de la profesión y cumplir con el deber de informar”, señala una declaración de prensa.
Aurelio Henríquez, presidente del CDP, llamó al ministerio público a que haga su trabajo y deje que los periodistas hagan el suyo.
Declaró que el CDP se mantiene activo y alerta ante cualquier amenaza contra la libertad de prensa y el derecho a la información que tienen todos los ciudadanos que esperan y exigen un ejercicio ético y profesional del periodismo.
Henríquez defendió el derecho que tienen las oficinas de abogados, empresas o cualquier persona en particular, de contratar la asesoría de cualquier profesional de la comunicación para dar a conocer su versión sobre un hecho.
Henríquez llamó a los periodistas que cubren el área de justicia a mantenerse alerta ante cualquier atentado a la libertad de informar cuando ocurren hechos en el seguimiento de los casos judicializados, no solo los de corrupción, sino todos.
“El periodista es un profesional llamado a informar a la sociedad y de acuerdo a la Constitución tenemos derecho a jamás ser censurados por ningún poder del Estado, llámese Justicia, Legislativo o Ejecutivo”, precisó Henríquez.
El CDP reaccionó ante un comunicado emitido anteayer por la Procuraduría General de la República, donde, entre otras cosas, denuncia la orquestación de una campaña a nivel de medios de comunicación para desacreditar los acuerdos que se han hecho con imputados en casos de corrupción, y advierte que tomará medidas cautelares.
Previo al comunicado de la Procuraduría, el periodista Julio Martínez Pozo denunció que los acuerdos de culpabilidad a que ha llegado el ministerio público con acusados de corrupción que se han constituido en delatores premiados, implica que la devolución de dinero público se hará mediante la construcción de obras para el Estado.
Ayer, Martínez Pozo declaró que el comunicado de la Procuraduría constituye una amenaza en su contra.
