Santo Domingo.- En el marco de la Política de Compras Públicas Verdes del Estado Dominicano, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) emitieron una circular conjunta que instruye a las instituciones a certificar el origen legal de los agregados utilizados en los proyectos de obras públicas.
Esta medida busca contribuir con el cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia ambiental y promover que los procedimientos de contratación pública para la realización de obras se efectúen conforme a los principios de trazabilidad, sostenibilidad y legalidad, en cumplimiento con el Decreto núm. 617-22, que declara de interés nacional la promoción de las compras públicas sostenibles e inclusivas, así como la Política de Compras Verdes.
El documento fue firmado recientemente por el director general de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, y el ministro de Medio Ambiente, Paíno Henríquez, quien puso de relieve que “la transparencia, el cumplimiento y la integridad han sido un llamado y una directriz firme de esta gestión de gobierno, en respuesta a las demandas de nuestra sociedad”.
De su lado, Pimentel afirmó que cada compra pública con criterios ambientales es una inversión en el futuro del país.
La circular establece que, al elaborar los pliegos de condiciones para cualquier proceso de contratación de obras, las instituciones públicas deberán exigir a los oferentes, previo a la suscripción del contrato, la autorización ambiental de la empresa que suministrará los agregados.
Además, dispone que, en caso de que la empresa se encuentre en proceso de obtención de su licencia o permiso ambiental, deben exigir una certificación en la que conste el estatus de su solicitud de licencia o permiso para la extracción del material y una copia de su última autorización provisional que haya sido emitida a favor de la empresa, de conformidad con la Resolución núm. 0009/2021, que contiene el procedimiento para el otorgamiento de autorizaciones ambientales para las operaciones de minería no metálica en todo el territorio nacional.
De acuerdo con las leyes 64-00, 123- 71 y 146-71, esta autorización ambiental es requerida para la actividad de minería no metálica en todo el país, incluyendo la extracción de materiales de la corteza terrestre como arena, grava, gravilla y piedra, destinados a la construcción.
De igual manera, las instituciones deberán incluir especificaciones técnicas que favorezcan la sostenibilidad, tomando en cuenta las fichas de recomendaciones dispuestas en el anexo 3 de la Política de Compras Públicas Verdes.
Esta iniciativa conjunta representa un avance significativo en la lucha contra la minería ilegal y la protección de los recursos hídricos y ecosistemas de la República Dominicana.
