La Suprema Corte de Justicia (SCJ) decidió que el caso disciplinario contra el juez Juan Francisco Rodríguez Consoró debe ser revisado nuevamente por otro tribunal. El magistrado había sido suspendido y luego destituido por el Consejo del Poder Judicial (CPJ), pero la SCJ entendió que en el proceso no se explicaron bien algunos puntos importantes de su defensa.
El recurso de casación interpuesto por el juez cuestionaba las resoluciones disciplinarias que derivaron primero en su suspensión y posteriormente en su destitución.
El tribunal acogió el recurso presentado por Rodríguez Consoró y resolvió casar con envío la sentencia impugnada, disponiendo que el caso sea remitido a otra jurisdicción de la misma categoría para un nuevo examen.
Una de las principales quejas de Rodríguez Consoró se refiere a la forma en que fue notificado durante el proceso. El magistrado sostuvo que el acto núm. 1695/2022, fechado el 21 de octubre de 2022, le fue entregado en un lugar distinto al que él había señalado como domicilio para fines de notificación, ubicado en la calle Plaza de la Cultura, núm. 318. Según el juez, ese error en la dirección afectó su derecho de defensa y convirtió el acto en nulo.
Además, denunció que el plazo que se le otorgó para contestar la acusación fue de solo un día franco, lo que resultaba irrazonable. El acto de notificación fue emitido un viernes y el vencimiento estaba previsto para el martes 25 de octubre de 2022. Sin embargo, antes de que ese plazo concluyera, el Consejo dictó la resolución de suspensión, lo que, a su juicio, evidenció una vulneración al debido proceso.
El juez también cuestionó la forma en que se le notificaron las pruebas de la investigación. Explicó que el 18 de octubre de 2022 la Secretaría General del Consejo del Poder Judicial le remitió por correo electrónico el expediente conclusivo de la investigación con sus anexos. Rodríguez Consoró respondió indicando que no podía visualizar los documentos digitales y que, por esa razón, solicitaba que se le entregaran en formato físico.
Pese a esa petición, las pruebas solo fueron notificadas digitalmente. El recurrente alegó que esa modalidad era ineficaz y desfasada, pues el equipo informático que él utilizaba no contaba con lector de CD, lo que le impidió revisar adecuadamente los elementos en su contra.
Frente a esa situación, solicitó una reposición de plazo de 30 días para poder preparar su defensa. Sin embargo, según expuso, el CPJ redujo arbitrariamente ese plazo a solo seis días, lo que limitó sus posibilidades de analizar el expediente.
Presunción de inocencia y difusión pública
Rodríguez Consoró también denunció que el proceso disciplinario en su contra fue expuesto en medios de comunicación nacionales, lo que, a su entender, constituyó una violación a su derecho a la presunción de inocencia y lesionó su honra y reputación como juez.
Planteó que la divulgación de la investigación disciplinaria en medios de circulación masiva lo presentó como culpable antes de que existiera una decisión definitiva, vulnerando así las garantías mínimas que establece la Constitución para todo procedimiento sancionador.
Otra de las quejas fue que, en la resolución que dispuso su destitución, no se incluyó ni se tomó en cuenta su expediente personal administrativo. El juez entendió que dicho expediente debió ser parte de la deliberación, pues contenía información relevante sobre su trayectoria y desempeño en la carrera judicial. La omisión de ese documento fue considerada por él como una irregularidad que restaba legitimidad a la decisión del Consejo.
Decisión de la SCJ
La SCJ argumentó que la decisión anterior no se encontraba debidamente motivada, al omitir pronunciamientos sobre varios de los argumentos centrales de la defensa del recurrente, lo que constituyó una violación al principio de congruencia procesal y al derecho a la tutela judicial efectiva.
El caso se originó tras la denuncia presentada en junio de 2022 por la organización Red de Ciudadanos en Alerta, que solicitó una investigación disciplinaria contra el magistrado a raíz de su actuación en el proceso penal sobre la venta de terrenos en el barrio Los Tres Brazos.
En junio de 2022, la organización Red de Ciudadanos en Alerta presentó una denuncia contra Rodríguez Consoró. El motivo fue su actuación en el caso de la venta irregular de terrenos en el barrio Los Tres Brazos, donde el juez decidió exonerar de responsabilidad a varios acusados.
El CPJ abrió una investigación disciplinaria, identificada como IG-EX2022-0190. Como resultado, emitió dos resoluciones claves: en octubre de 2022 suspendió de manera provisional al juez y, en abril de 2023, lo destituyó de forma definitiva por supuestas faltas graves en el ejercicio de sus funciones.
Ante el tribunal
- Rodríguez Consoró aseguró que el proceso en su contra no fue justo. Denunció que lo notificaron en una dirección distinta a la que había señalado para recibir documentos oficiales, lo que dificultó su defensa. También explicó que las pruebas se entregaron solo en formato digital, cuando él había pedido copias físicas porque la computadora que usaba no podía leer discos.
