«Desde nuestra consejería no queremos que el término sostenibilidad se quede solo en un concepto, sino que lo entendemos como el camino correcto que hay que adoptar en cualquier ámbito de la vida, porque es a través de la sostenibilidad como vamos a conseguir un mantenimiento de la calidad de vida y el bienestar de toda la sociedad. Toda decisión contraria va a quedar al albur de la incertidumbre y está condenada al fracaso».
Con estas palabras iniciaba su alocución José Antonio Víquez Ruiz, delegado territorial de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul de la Junta de Andalucía en Málaga, durante la clausura del Encuentro Andalucía Sostenible, un evento organizado por EXPANSIÓN, con el patrocinio de Unicaja, el Ayuntamiento de Marbella, la Diputación Provincial de Málaga, Costa del Sol Málaga, Hidralia y Cepsa.
La intervención de Víquez, que versó sobre la necesidad de una política pública de sostenibilidad que promueva prácticas colectivas y sostenibles, puso especial énfasis en la «larga y a veces tortuosa transición» hacia su consecución, en el marco de las políticas públicas que impone la Unión Europea.
«El 60% de la actividad de nuestra delegación se centra en realizar evaluaciones ambientales estratégicas y a veces tenemos la queja ciudadana de que se dilatan en el tiempo o que no se entienden los mecanismos para llegar a la solución en cualquier expediente», expuso el delegado. «Entre otras cosas -detalló-, porque requiere trabajar con distintas administraciones, organizaciones y colectivos ciudadanos. El fin último es garantizar el funcionamiento y las buenas prácticas hacia la sostenibilidad, pero no podemos dejar de preguntarnos si ese periodo es sostenible para la empresa privada, por ejemplo, para un proyecto de un puerto».
Expuso el delegado que «el espectro de medidas políticas que promueven la sostenibilidad es extenso» y abarca «inversiones públicas y privadas dirigidas hacia prácticas sostenibles como pueden ser las energías renovables». En este sentido destacó los más de 60 proyectos, sobre todo de fotovoltaica, que se van a ejecutar en Málaga en los próximos años, o los relativos a movilidad sostenible o a conservación de tierras.
En materia normativa recordó que Andalucía cuenta con la Ley de Economía Circular, en vigor desde el 1 de mayo de 2023, una «ley no coercitiva, que persigue el acuerdo entre la empresa privada y el sector público». Mencionó asimismo la Ley de Sostenibilidad del Territorio de Andalucía, «de carácter integrador y transversal, que trata de dotar a las políticas sectoriales que intervienen en el territorio de una estrategia común».
De dicha ley subrayó que tiene en cuenta varios aspectos: «La viabilidad social de todas las actuaciones, basadas en el interés general y dimensionadas en función de la demanda previsible; y la viabilidad ambiental y paisajística, dado que la ordenación propuesta debe velar por la protección del medio ambiente y la biodiversidad». A estos condicionantes añadió «la ocupación sostenible del suelo, la utilización racional de los recursos naturales, la eficiencia energética, la resiliencia, la viabilidad económica y la gobernanza en la toma de decisiones en la planificación territorial y urbanística».
Concluyó José Antonio Víquez asegurando que la Junta de Andalucía está enfocada en promover «la colaboración público-privada, básica para nuestra Administración, dinamizar el territorio y atraer cualquier tipo de inversión que pueda ser interesante y positiva para la comunidad».
