En violación a la Ley 63-17 de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, y movidos por intereses particulares, ciudadanos incurren con frecuencia en la colocación ilegal de señalética frente a viviendas, negocios y otros establecimientos con escasas consecuencias legales.
Estas personas no recurren a las entidades oficiales que pueden autorizar la colocación de letreros en las vías, que son el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestres (Intrant), las Alcaldías y la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestres (Digesett).
Cada letrero debe responder a un estudio sobre la movilidad en la zona, los requerimientos de residentes, su seguridad y las normas para desplazamiento por las vías, sin embargo, es común ver en calles y avenidas excesos de señales, principalmente de «No Estacione», muchas no autorizadas por las autoridades.
La Ley 63-17 establece en su artículo 158 que: «Las personas que coloquen letreros, carteles y otros medios de publicidad o propaganda en las vías públicas sin la autorización del INTRANT o del ayuntamiento correspondiente, serán sancionadas con una multa de uno (1) a tres (3) salarios mínimos del que impere en el sector público centralizado».
Sobre esta situación anómala, la instructora y experta en educación y seguridad vial, María Taveras Montero, entiende que hay que actuar con mayor drasticidad para hacer cumplir la legislación.
«Primero se educa para que la gente tenga conciencia y luego se fiscaliza, entonces aquí el problema del tránsito se puede resolver, pero hay que crear conciencia porque si no se comienza a fomentar una cultura vial de irrespeto».
Dice que debe haber más fiscalización para impedir que cualquier persona pueda colocar un letrero en las vías.
Para evitar tapones, algunas zonas donde existen colegios, sobre todo en sectores de clase media y alta, colocan letreros que declaran calles de una vía por una o dos horas en la mañana o la tarde, la mayoría de las consultadas aprobadas por las autoridades.
En otros casos, las propias autoridades señalizaron espacios como proyecto piloto. Es el caso de la avenida San Martín esquina José Ortega y Gasett donde funciona el Centro Educativo Marillac donde hay un exceso de señalética, que según se informó sería replicado en otros lugares con similares condiciones.
Al preguntarle si se cumple la ley en el aspecto de la señalización de las calles, la experta vial dijo: «Yo no creo, pero vamos a dar beneficios de la duda, porque se supone que cada letrero cada anuncio, cada valla, cada señal de tránsito debe contar con la anuencia de las autoridades competentes», manifestó.
«Policías acostados»
Otras de las violaciones a la Ley de Tránsito son la colocación de lomos, o lo que es lo mismo, que los denominados «policías acostados«, que se instalan principalmente en los barrios para reducir la velocidad, sobre todo, de motoristas.
La mayoría son decisiones particulares de vecinos que se ponen de acuerdo y, con cemento y varillas, los construyen. María Tavares, deplora que también se hagan sin autorización, y, lo peor, que no tengan señalética de advertencia para evitar accidentes.
Los legales que construyen el Ministerio de Obras Públicas y las alcaldías responden a un patrón de necesidad.
Los conos también son utilizados de manera ilegal por negocios y viviendas que no quieren que se les parqueen en frente. Así marcan áreas de las vías públicas como derecho de propiedad o colocan tanques de 55 galones amarillos que simulan están llenos de concreto y los colocan con un letrero de «No estacione» y hay tan osados que señalizan las aceras para estacionar vehículos y los peatones se ven obligados a transitar por las calles.
La otra cara
Las atribuciones de algunos ciudadanos de colocar de manera ilegal letreros en las vías públicas es poco combatida por las autoridades y las señaléticas legales no son respetadas en todos los casos. Zonas señalizadas de no parqueos se encuentran abarrotadas de vehículos sin importar la leyenda que estén a su lado.
Diario Libre intentó durante varias semanas conversar con autoridades del Intrant, la Alcaldía del Distrito Nacional y la Digesett para dialogar sobre el tema, pero ninguna de estas entidades respondió. Mientras tanto la Ley 63-17 sigue siendo violada en esos aspectos sin una autoridad que la haga cumplir.
