El alcalde Dío Astacio defendió este miércoles la colocación de reductores de velocidad en calles y avenidas del municipio, conocidos como «policías acostados«, una medida que ha generado críticas por la falta de normativas, los daños a los vehículos y los taponamientos que provoca.
Astacio insistió en que los dispositivos son necesarios para frenar el irrespeto a las señales de tránsito y reducir la siniestralidad vial. «Ponemos policías acostados porque la gente no respeta ni los semáforos. Hasta los semáforos en rojo la gente se los lleva. Estamos perdiendo vidas», expresó en un mensaje difundido en sus redes sociales.
El edil calificó el exceso de velocidad como «la pandemia de la República Dominicana» y advirtió que su gestión continuará instalando reductores donde sea necesario. «He intentado ponerlos solo donde hay consenso, pero no más. Donde quiera que se pueda, vamos a poner un policía al costado», subrayó.
La base legal que invoca el alcalde
El síndico aseguró que la Ley 176-07 otorga a los municipios la potestad de manejar el tránsito en su territorio y que la Constitución reconoce la autonomía de los ayuntamientos. «Los ayuntamientos no tienen que pedir permiso a nadie para hacer nada en su territorio, coordinación sí, pero no permiso», enfatizó.
Según dijo, en los lugares donde se han colocado reductores existe señalización que ordena transitar a 10 km/h, lo que, a su juicio, justifica el diseño y ubicación de las estructuras. «Si se cumple la señal, nadie tendrá problema con un policía acostado», añadió.
Críticas técnicas y ciudadanas
Las explicaciones de Astacio no zanjan la controversia. Conductores cuestionan la altura y ubicación de los reductores, en especial en arterias principales como la carretera Mella y la avenida Venezuela, donde aseguran que dañan vehículos y congestionan el tránsito.
Urbanistas y especialistas en movilidad sostienen que los reductores deben colocarse bajo criterios técnicos precisos y no en vías de alta capacidad. Recuerdan que la Ley 63-17 obliga a coordinar este tipo de medidas con el Intrant, el Ministerio de Obras Públicas y la Digesett, proceso que no ha sido claro en Santo Domingo Este.
