El Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) calificó como «desproporcionada» la medida de coerción que le fue colocada al abogado y comunicador Rafael Guerrero, quien está acusado de difamación e injuria.
Guerrero, conductor del programa «Corrupción al desnudo», fue apresado por las autoridades por rebeldía al no asistir a las audiencias en el caso de presunta difamación que le imputa el exdirector de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), Rolando Rosado Mateo. Le fue colocada impedimento de salida y un grillete con medida de coerción.
La institución gremial dijo también que la medida era de un rigor excesivo de la justicia dominicana en casos de difamación e injuria, delitos que –según dijo– deben ser tratados bajo el marco del respeto a la libertad de expresión, el debido proceso y los derechos fundamentales.
El CARD recordó que el derecho a la defensa, la libertad de opinión y la presunción de inocencia son pilares esenciales de un Estado social y democrático de derecho. «El encarcelamiento preventivo en casos de esta naturaleza resulta innecesario y atenta contra el ejercicio libre del pensamiento crítico, indispensable para la vida democrática», señaló la entidad.
Cuestiona apresamiento
En este sentido, el gremio advirtió que el uso de la prisión bajo el supuesto de la llamada rebelión por la inasistencia al tribunal en delitos que son preponderantemente de naturaleza privada, no deben ser la regla o primera respuesta ante diferencias de opinión o críticas públicas, lo cual podría convertirse en un peligroso precedente que silencie voces críticas en la sociedad.
El presidente del Colegio de Abogados Trajano Potentini, destacó que el Ministerio Público tiene en sus manos la oportunidad de corregir lo que calificó como un exceso jurídico.
- El CARD reafirmó su solidaridad gremial con Guerrero y con todos los profesionales del derecho que enfrentan procesos judiciales en condiciones que ponen en riesgo su integridad y el ejercicio libre de su profesión.
«Como institución, no defendemos la impunidad ni el irrespeto, pero sí creemos firmemente en la necesidad de que la justicia se administre con equilibrio, humanidad y respeto a los derechos consagrados en nuestra Constitución y en los tratados internacionales de los que República Dominicana es signataria», añadió.
