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* «Denuncia formal contra Jochi Gómez y Hugo Beras en el Caso Intrant»
* «Jochi Gómez y Hugo Beras, imputados en el Caso Intrant»
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El Ministerio Público presentó formal acusación contra el exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Hugo Beras; el contratista del Estado José Ángel Gómez Canaán (Jochi Gómez), y otros ocho señalados por corrupción, sabotaje al sistema de semaforización y terrorismo.
Acusación contra exdirectivos y contratistas
El expediente incorpora a tres nuevos procesados: Manuel Eduardo Mora, gerente general de Pago RD Exchange, Mariano Gustini y Henry Darío Féliz Casso.
Detalles de la acusación
Además de Beras, Gómez, Mora Gustini y Féliz, enfrentan acusación Pedro Vinicio Padovani Báez, exencargado del Centro de Control de Tráfico del Intrant; Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, exdirector de Tecnología; Frank Díaz Warden, excoordinador de Despacho y representante de Beras ante el Comité de Compras; Juan Francisco Álvarez Carbuccia, director administrativo y financiero, y Carlos José Peguero Vargas.
Empresas acusadas
Las personas jurídicas acusadas son Transcore Latam S.R.L., Aurix S.A.S., Improsol S.R.L., OML Inversiones S.R.L., PagoRD Xchange S.R.L., Industria Soltex Dominicana S.R.L. y Dekolor S.R.L, esta última tenía contratada hasta este año la expedición de licencias de conducir.
Delitos imputados
Entre los delitos que se atribuyen al grupo figuran corrupción, lavado de activos, falsedad en escritura privada, estafa contra el Estado, asociación de malhechores y violación a la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, por sabotaje, robo de identidad y crímenes contra la seguridad de la nación. Estos delitos conllevan penas de hasta 30 años de prisión.
Investigación y acusación
La acusación fue presentada por Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca), junto a Héctor García Acevedo, procurador general de Corte de Apelación, y los fiscales Jonathan Pérez Fulcar, Miguel Collado, Arolin Lemos Feliz y Enmanuel Ramírez.
Actos de terrorismo
También se les acusa de actos de terrorismo a través de medios electrónicos, que según la misma ley, pueden ser sancionados con hasta 30 años de cárcel.
Investigación tras anomalías en licitaciones
La investigación, denominada en un principio Operación Camaleón, concluyó con la presentación del acto conclusivo. Se originó a raíz de las irregularidades en el contrato con la empresa Transcore Latam, por un monto superior a 1,300 millones de pesos.
Suspensión del contrato y consecuencias
Tras la suspensión del contrato, el sistema de semáforos del Gran Santo Domingo se apagó en dos ocasiones, lo que generó caos en distintas avenidas. Las autoridades responsabilizaron a Gómez Canaán, quien tenía varios contratos con el Estado, entre ellos el de expedición de licencias de conducir con Dekolor.
Rol de los acusados
Frank Díaz Warden “manipuló” licitaciones y decisiones del Comité de Compras para favorecer a empresas del esquema de corrupción.
Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda facilitó el control técnico de la red semafórica y “falsificó certificaciones”.
Juan Francisco Álvarez Carbuccia “emitió certificaciones falsas” de disponibilidad presupuestaria.
Pedro Vinicio Padovani Báez supervisó el centro de control de tráfico y “participó en licitaciones fraudulentas, lavado de activos y sabotaje de la red semafórica”.
Carlos José Peguero Vargas movilizó fondos a través de INPROSOL S.R.L.
Mariano Gustini y Manuel Eduardo Mora Vázquez, representantes de PagoRD Xchange, “actuaron como testaferros, ocultando la propiedad real de la empresa y desviando fondos hacia Gómez Canaán”.
Henry Darío Feliz Casso “operó como intermediario financiero en el desvío y lavado de fondos públicos”.
Transcore Latam S.R.L. fue utilizada para contratos fraudulentos y control de la red semafórica.
PagoRD Xchange S.R.L. se empleó para apropiación de ingresos públicos y adquisición de bienes de lujo.
Industria Soltex Dominicana S.R.L. participó en operaciones de lavado y contrabando.
Dekolor S.R.L. encubrió, desvió y manipuló licencias.
Aurix S.A.S. se destinó al espionaje y sabotaje tecnológico.
Inprosol S.R.L. funcionó como vehículo financiero del esquema y OML
Inversiones S.R.L. adquirió bienes inmuebles con fondos ilícitos.
