En el juicio seguido contra Alexis Medina Sánchez, hermano del expresidente Danilo Medina, y otros implicados en un presunto entramado de corrupción, el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional descargó a 13 de lo acusados, entre ellos Lina Ercilia de la Cruz Vargas, exdirectora jurídica de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe), Pachristy Emmanuel Ramírez y Aquiles Alejandro Christopher Sánchez, miembros de la desaparecida institución.
De la Cruz Vargas ocupó el cargo desde el 25 de agosto de 2015 hasta el 17 de agosto de 2020, durante la gestión de Francisco Pagán, uno de los primeros condenados en este proceso judicial. El Ministerio Público la acusaba de soborno, lavado de activos y otros delitos.
Al emitir el fallo, la jueza Clara Sobeida Castillo explicó que el tribunal revisó las declaraciones de los testigos así como de los coimputados, pero ninguno aportó evidencias que fueran suficientes para demostrar la entrega de dinero o beneficios indebidos a favor de Lina.
En cuanto al cargo específico de lavado de activos contra Lina, la magistrada sostuvo que con las pruebas presentadas por la defensa y el Ministerio Público, no fue posible acreditar ese tipo penal.
Añadió que las pruebas presentadas por el Ministerio Público no resultaron suficientes para establecer su responsabilidad penal.
La acusación señalaba violaciones a los artículos 46, 33, 123, 145, 146, 151, 166, 167, 174, 265, 266, 59 y 60, y 405 del Código Penal Dominicano y de la Ley sobre Lavado de Activos, entre ellos el 65 y 66.
Según el órgano acusador habría actuado junto a Francisco Pagán Rodríguez, Aquiles Christopher Sánchez, Víctor Matías Encarnación Montero y Pachristy Emmanuel Ramírez Pacheco en una red de corrupción que incluía sobornos, desvío de fondos, falsificación, desfalco, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito y lavado de activos.
Durante el juicio, el tribunal analizó pruebas documentales y testimoniales, incluyendo las relacionadas con las denominadas «partidas Oisoe hospitales» y «Oisoe en sentido general». La jueza aclaró que, al tratarse de procesados con la misma calificación jurídica y que laboraban en la misma institución, las imputaciones serían valoradas de forma conjunta.
«Con lo que respecta a estos procesados, no han comprometido su responsabilidad penal«, indicó.
Pachristy y Aquiles también fueron absueltos
Pachristy Emmanuel Ramírez Pacheco, subdirector jurídico de la Oisoe, y Aquiles Alejandro Cristopher Sánchez, director de Fiscalización, también fueron absueltos por el tribunal, tras determinar que «no se comprometió su responsabilidad penal».
«En ese sentido entiende este el tribunal que aun cuando estos imputados que hemos señalado han sido parte de la institución Oficina Supervisora del Estado con relación a la evidencia presentada, el tribunal ha entendido que más allá de toda duda razonable, no es posible retenérsele falta penal«, señaló la magistrada.
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Lo que dijeron los testigos
Uno de los testigos, identificado como Efraín, declaró que era «la mano derecha» de Fernando Crisóstomo y que participaban en «cesiones» ficticias que consistían en la venta de contratos, de los que recibían un 5 % de comisión. Afirmó que nunca observó que Crisóstomo entregara dinero a de la Cruz Vargas.
Otro testigo aseguró que en la oficina de Lina se extravió un contrato y que algunos contratistas dijeron que entregaban dinero, pero el tribunal señaló que ninguno de los testigos presenció la entrega de los pagos a la exfuncionaria.
También se evaluó el testimonio de Víctor Encarnación, quien dijo haberse reunido con Francisco Pagán para «despertar» contratos inactivos, de donde surgieron las llamadas «cesiones de crédito» en oficinas de la Oisoe. Sin embargo, no estableció el rol que jugó Lina.
La Oisoe, «tierra de nadie»
Durante la lectura del fallo, la jueza Yissell Soto, tambié integrante del tribunal, calificó a la Oisoe de «tierra de nadie» durante la gestión de Pagán, indicando que «acontecieron muchas cosas» según las pruebas presentadas.
Aseguró que en esa institución «no había dolientes» y que se realizaron operaciones como las «sesiones de crédito» en un contexto propicio para la corrupción.
