La Liga Municipal Dominicana valoró la aprobación del proyecto que modifica la Ley 225-20 de Gestión Integral y Coprocesamiento de los Residuos Sólidos. La entidad recuerda que es una ley que promulgó el presidente Luis Abinader, que permite avanzar en la transformación del modelo actual de gestión de residuos sólidos.
Víctor D´Aza, secretario general de la Liga, indicó que, ante la necesidad de los gobiernos locales de contar con más recursos para elevar la calidad del servicio de limpieza y recolección de residuos, «esta modificación de la Ley 225-20 crea nuevas fuentes de ingresos que permitirán impulsar este salto cualitativo en cada municipio y distrito municipal del país».
«Esta es una ley que promulgó el presidente Luis Abinader y que nos permite avanzar en la transformación del modelo actual de gestión de residuos sólidos, por lo que su revisión y modificación tras cinco años de aplicación, nos permite seguir dando pasos en esta dirección», afirmó D´Aza.
Tal y como dispone la pieza legislativa aprobada en segunda lectura por el pleno de la Cámara de Diputados, los gobiernos locales dispondrán de una contribución especial aportada por el Fideicomiso DO Sostenible.
Será utilizada exclusivamente para el pago de recolección de residuos, y para la adquisición de equipos y maquinarias destinados a la gestión de recolección de residuos, y que consistirá en una tarifa de veinte pesos dominicanos (RD$20.00) por habitante, a ser aplicada a partir del año 2026.
Aspectos fundamentales
Destacó que la modificación aborda aspectos clave para consolidar la sostenibilidad financiera y medioambiental de la gestión de los residuos sólidos en el país.
Dijo que desde el inicio estuvo a favor de que desde la Cámara de Diputados se impulsará un diálogo sincero, avalado en los datos e información técnica relevante, para alcanzar acuerdos entre los diferentes sectores.
Sostuvo que el avance en la discusión del proyecto, que ahora será conocido nuevamente en el Senado, es una señal inequívoca de que existe un compromiso gubernamental para elevar la modernización y la calidad de la disposición final de residuos sólidos, así como su manejo, que está a cargo de los gobiernos locales.
