En la República Dominicana, las motocicletas representan el 57 % del parque vehicular y constituyen el medio de transporte más utilizado en todo el país, ya sea como herramienta de trabajo, movilidad familiar o servicio público.
Sin embargo, este protagonismo en la movilidad nacional contrasta con una realidad alarmante: menos del 1 % de los 3.6 millones de motociclistas registrados poseen licencia de conducir activa, y la gran mayoría tampoco cuenta con un seguro vigente.
- La Ley 146-02 de Seguros y Fianzas, vigente desde el año 2002, establece el seguro obligatorio de vehículos de motor, que cubre daños a terceros en caso de accidentes.
No obstante, los límites de cobertura fijados hacen más de dos décadas quedaron desfasados frente al costo real de los siniestros actuales. Por ejemplo, un motorista apenas tenía cobertura mínima de 50,000 pesos, monto insuficiente para cubrir una lesión grave o el fallecimiento de una persona.
Según la Seguridad Vial 2024, en el país fallecieron 3,114 personas por accidentes de tránsito, de los cuales el 65 % se desplazaba en motocicleta. El dato es aún más preocupante si se observa que el grupo de mayor mortalidad corresponde a jóvenes entre 20 y 24 años, en plena etapa productiva.
«En ese mundo, tú tienes hoy 3,600, 000 motoristas. ¿Tú sabes cuántos tienen licencia activa en el Intrant? 31,000. Menos del 1 %. Imagínate cuántos tienen seguro al día. El gran porcentaje, cerca de un 90 %, quizás no tiene seguro. De la población total de vehículos, el 57 % son motocicletas«, detalló Franklin Glass, presidente ejecutivo de la Cámara Dominicana de Aseguradores y Reaseguradores (Cadoar).
A raíz de la presión social y de los reclamos de diversos sectores, la Superintendencia de Seguros emitió la resolución número 5/2025 para actualizar los límites mínimos de cobertura, estableciendo, por ejemplo, un aumento de 50,000 a 200,000 pesos para motocicletas y hasta montos millonarios para vehículos de mayor tamaño.
Sin embargo, la resolución fue suspendida tras la oposición de grupos empresariales y transportistas, bajo el argumento de que el ajuste encarecería las pólizas.
Cadoar defienden que el incremento no busca generar mayores beneficios, sino garantizar una cobertura realista frente a los costos médicos, legales y económicos de un accidente. Dijo, además, que un seguro no es un gasto, es un escudo financiero que protege al conductor y a la víctima.
Segmentación
Otro punto crítico es la segmentación del uso de la motocicleta, que va desde el motorista de recreación hasta el motoconcho que transporta pasajeros en los barrios, pasando por mensajeros, deliverys de plataformas y familias que dependen del motor como único medio de transporte.
El ejecutivo de Cadoar apunta que todos estos perfiles conviven bajo un mismo marco legal, pero con niveles de riesgo muy diferentes.
Argumenta que el gran desafío está en cerrar la brecha entre la ley y la realidad. Hoy, más del 70 % de los accidentes involucra a un motorista, y en la mayoría de los casos, ni el conductor ni la víctima cuentan con la protección adecuada. Esto no solo genera desamparo a los afectados, sino que también expone a las familias a endeudamientos y pérdidas económicas irreparables.
Actualizar los límites del seguro obligatorio no es solo un tema de costo, sino de responsabilidad social y seguridad ciudadana. Así como el precio del combustible, de los repuestos o de una carrera en motoconcho ya no son los del 2002, tampoco lo pueden ser las indemnizaciones que protegen vidas y patrimonios.
El país enfrenta una disyuntiva: continuar con un esquema que apenas cumple con la ley, pero no protege a nadie, o avanzar hacia un modelo donde motociclistas, transportistas y aseguradoras compartan el compromiso de construir una movilidad más segura y responsable.
