La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, ponderó los logros alcanzados por el Ministerio Público en materia de decomisos en dinero en efectivo que van siempre, como establece el marco jurídico, a la Cuenta del Tesoro, o de bienes que pasarán al Instituto Nacional de Custodia y Administración de Bienes Incautados, Decomisados y en Extinción de Dominio (Incabide).
Reynoso sostuvo que se encuentran en el proceso de transferencia a Incabide de los bienes que los tribunales han ordenado pasen al Estado.
«Estamos en el proceso ahora de la transferencia de los bienes, que es una preocupación porque ahí hay bienes muy costosos, cuando decimos que tenemos una villa que cuesta más de 300 millones…. son bienes que son costosos», dijo Reynoso.
Según una comunicación de prensa de la Procuraduría General, Reynoso recordó que las peticiones de decomisos en los procesos tienen una proporcionalidad relacionada con los montos específicos envueltos en el delito cometido.
Recientemente, este medio publicó que la Procuraduría es lenta en la transferencia a Incabide de los bienes incautados y decomisados que, según la Ley 60-23 sobre bienes secuestrados y decomisados, debe hacerse «de manera inmediata o dentro de treinta días hábiles».
Incabide, según la Ley 60-23, es la entidad que está obligada a gestionar lo incautado por el Ministerio Público, y luego de una sentencia firme que ordena el decomiso estos pasan a la Cuenta Única del Tesoro, para ser utilizado por el Gobierno central.
Hasta el momento, la mayor cantidad de bienes incautados y finalmente decomisados corresponden al caso de la querella sobre la estafa en las distribuidoras de electricidad y en la que uno de los principales imputados, Maxy Gerardo Montilla Sierra, entregó al Ministerio Público más de 3 mil millones de pesos, de los cuales 2 mil millones fueron en efectivos y los restantes en bienes.
Participación Ciudadana valoró trabajo del MP
La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, sostuvo un encuentro con una comisión del movimiento cívico Participación Ciudadana (PC) en el que habló del plan operativo de su gestión en diversas áreas y la necesidad de que la población se mantenga vigilante para tener siempre mayor transparencia y una cultura de cero impunidad.
Además de la procuradora general, en la reunión con la comisión encabezada por la coordinadora general de PC, Leidy Blanco García, estuvo presente el procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público.
Los integrantes de Participación Ciudadana valoraron el trabajo que viene realizando el Ministerio Público en favor de la transparencia y se mostraron dispuestos a seguir promoviendo «instituciones más sólidas y un sistema de justicia independiente y eficaz, pilares fundamentales para el fortalecimiento de la democracia dominicana», dijo Blanco García.
Se desvincula de aplazamientos
La máxima representante del Ministerio Público resaltó el hecho de que, una vez demuestra con pruebas que un funcionario o particular desfalcó al Estado, el Ministerio Público puede pedir el decomiso de un bien equivalente a ese monto, aunque su origen en poder del procesado sea legal.
«Nosotros sí quisiéramos que los casos fueran mucho más rápidos; se debe agilizar el paso en que van los casos, pero ahí no hay un aplazamiento que sea motivado por el Ministerio Público. Uno solo no lo hay; porque nosotros tenemos el lema ¡Listos siempre!»
Yeni Berenice Reynoso explicó que el Ministerio Público procura condenas para los funcionarios porque su rol como servidores, precisamente, debe ser salvaguardar los bienes públicos de todos los contribuyentes.
«En la mayoría de los países desarrollados esa es la política que asume con relación a esto y es que hay un criterio a nivel internacional que la responsabilidad mayor es del funcionario«, indicó Reynoso.
