El Congreso de los Diputados ha acogifo un debate relevante sobre un informe que pone en el centro la salud mental como una prioridad política y social. Se trata del documento elaborado por la Subcomisión para mejorar la protección, la promoción y la atención integral de la salud mental, cuya aprobación en comisión abre paso a su discusión en la sesión plenaria. La importancia de este debate radica en que responde a una preocupación creciente en la ciudadanía y a la necesidad de dar una respuesta coordinada desde el ámbito legislativo.
Durante la presentación del informe, el presidente de la Comisión de Sanidad, Agustín Santos Maraver, destacó la amplitud del trabajo realizado desde que la iniciativa fue aprobada en febrero de 2024 a propuesta del Partido Popular. Santos recordó que la subcomisión celebró diez reuniones formales y escuchó a cuarenta expertos que aportaron perspectivas desde el ámbito clínico, social y de derechos humanos. Subrayó que los datos de atención primaria muestran un incremento de diagnósticos en ansiedad y depresión, con aumentos del 65% y del 22% respectivamente entre 2019 y 2023, y alertó de que el consumo de antidepresivos se ha disparado un 30% en los últimos cinco años. «En definitiva, existe un empeoramiento del bienestar de la población y un aumento de la prevalencia de los principales problemas de salud mental», advirtió, reclamando una respuesta integral que contemple la infancia, la adolescencia y las desigualdades de género.
El debate reflejó distintas posiciones políticas. La intervención de Rafael Cofiño (SUMAR) aportó una mirada singular al valorar el proceso de la subcomisión como un ejercicio de escucha que dio voz a más de cincuenta personas de la sociedad civil. Cofiño señaló que el informe no es un plan ejecutivo, pero sí un marco imprescindible para orientar políticas autonómicas y estatales. Destacó que la salud mental no puede desligarse de problemas estructurales como la vivienda y recordó la metáfora de «ir aguas arriba» para atender las causas sociales del malestar. Subrayó que no se trata solo de cifras, sino de construir un país que no deje a nadie atrás, y reclamó incluir más la voz de los pacientes en futuras iniciativas.
En nombre del Partido Popular, María del Mar Vázquez Jiménez agradeció el consenso alcanzado, pero criticó la falta de liderazgo del Gobierno para transformar el informe en medidas efectivas. La diputada recordó que fue su grupo quien impulsó la creación de la subcomisión y defendió que el documento final es «sólido, completo y ambicioso». Sin embargo, denunció que el Ejecutivo ha convertido el Comisionado de Salud Mental en un «chiringuito sin competencias reales» y acusó a la ministra de Sanidad de «soberbia y desconectada de la realidad», al no dar respuesta a las demandas de profesionales sanitarios ni garantizar estabilidad laboral mediante el Estatuto Marco.
La portavoz socialista Carmen Andrés Añón respondió defendiendo el compromiso histórico del PSOE con la salud mental, desde la reforma psiquiátrica de Ernest Lluch hasta el Plan de Acción renovado en 2023. Acusó a Vox de un discurso «egoísta y trilero» y advirtió que la salud mental debe ser tratada como una prioridad de Estado. Citó las 260.000 llamadas recibidas en el teléfono 024 y los casi 3.900 suicidios registrados en 2024 como prueba de la urgencia de actuar. Andrés afirmó que el informe refleja la mejor práctica parlamentaria al haber sido fruto de la escucha activa y el consenso de todos los grupos, salvo Vox, y reivindicó que los socialistas seguirán defendiendo políticas públicas que integren la salud mental en todas las áreas de gobierno.
A lo largo de la sesión, distintos portavoces coincidieron en señalar que los problemas de salud mental no pueden afrontarse solo desde un enfoque clínico, sino que requieren políticas transversales que aborden la pobreza, el desempleo y la exclusión social. Desde el PNV se insistió en que «la salud mental no puede esperar más», mientras que desde Junts se reclamaron recursos para evitar situaciones dramáticas en hospitales catalanes. ERC subrayó la importancia de reforzar los programas comunitarios y EH Bildu defendió la necesidad de humanizar la atención evitando prácticas coercitivas.
Desde Vox, David García Gomis rechazó el informe con un voto particular, acusando al documento de ser «palabras vacías» y señalando al PSOE y a SUMAR de pilotar un dictamen sin rumbo. Sin embargo, su voto particular para mejorar la protección, la promoción y la atención integral de la salud mental terminó siendo rechazada por la Cámara Baja por 35 votos a favor y 309 en contra. En contraste, portavoces de grupos como BNG, Podemos, PNV, EH Bildu, Junts o ERC coincidieron en subrayar la necesidad de reforzar la atención primaria, aumentar recursos humanos y atender los determinantes sociales de la salud mental, desde la precariedad laboral al acceso a la vivienda. Coalición Canaria puso el foco en la población infanto-juvenil y el alarmante incremento de la violencia filioparental asociada a la falta de recursos especializados.
El informe aprobado hoy en el pleno se convierte en una hoja de ruta parlamentaria que, sin ser vinculante, marca un consenso amplio en torno a la necesidad de situar la salud mental en el centro de la agenda pública. La mayoría de los grupos coincidió en que no puede quedarse en un mero ejercicio retórico, sino que debe traducirse en más profesionales, más inversión y en políticas que reconozcan que el bienestar psicológico está íntimamente ligado a las condiciones sociales y económicas de la ciudadanía.
